De momento la vuelta a la jornada de las 35 horas seguirá siendo un asunto que se tendrá que negociar comunidad a comunidad, dependiendo del cumplimiento de los objetivos de déficit, como se firmó en marzo entre el Ministerio de Hacienda, liderado entonces por Cristóbal Montoro, y los sindicatos CCOO; UGT y CSI-F.
Los tres sindicatos se han reunido hoy con la ministra de PolÃtica Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para pedirle que se comprometiera a respetar los acuerdos firmados con el Gobierno del PP y pedirle concreción y el desarrollo de algunos de los puntos.
Aunque el encuentro se ha centrado sobre todo en los trabajadores de la Administración General del Estado, que dependen de medidas del mismo Ejecutivo y no de las comunidades, hay cuestiones que necesitarÃan un desbloqueo a nivel estatal.
Por ejemplo, el acuerdo de marzo permitÃa a las autonomÃas negociar otros calendarios y jornadas laborales distintas a la establecida con carácter general (“un promedio de 37 horas y mediaâ€) para los trabajadores públicos si habÃan cumplido con el déficit.
Flexibilización autonómicaPero hay que tener en cuenta sigue vigente la disposición de los PGE de 2012, que apuntaban que las 37 horas y media semanales era la jornada mÃnima, y que los de 2018 especifican que la negociación de estas jornadas especiales no puede suponer ni incremento de gasto ni temporalidad.
En la práctica, varias comunidades han negociado formas de flexibilizar la jornada para que los empleados públicos hagan 35 horas efectivas de trabajo a la semana. AndalucÃa y Extremadura, por ejemplo, han regulado que parte del cómputo de jornada se cumplirá mediante actividades de formación; Castilla y León ha llegado a un acuerdo para permitir esta flexibilización sólo durante el verano, ya que no cumple el déficit.
Los sindicatos han puesto encima de la mesa que lo ideal serÃa que se eliminara la normativa básica “para poder negociar libremente en cada comunidad y cada ámbito†señala Antonio Cabrera, responsable de Sanidad en CCOO, pero reconoce que “no hemos logrado un compromiso en ese sentido… si bien tampoco Batet nos ha dicho que noâ€.
Recortes de 2010CSI-F también ha solicitado se recuperen los salarios previos al recorte que realizó el Gobierno de Zapatero en 2010 sobre las nóminas de los empleados públicos: de media se aplicó un 5 por ciento, si bien colectivos del grupo A1 como médicos y jueces tuvieron una reducción del 9,5 por ciento.
De momento, Cabrera ve como positivo que se haya puesto ya en marcha la subida salarial y que en la Administración General se vaya a abordar la recuperación del complemento por IT, si bien reconoce que las negociaciones sobre este tema y las próximas ofertas extraordinarias de oposiciones, que incluyen una tasa adicional de por encima de la reposición del 8 o del 5 por ciento, en función de si se han cumplido o no los objetivos de déficit.
CSI-F también ha pedido otras mejoras, como que se traslade a la Administración General del Estado el acuerdo en materia de conciliación alcanzado en AndalucÃa para que se disfruten de permisos de paternidad y maternidad intransferibles de 20 semanas en 2020 y el desarrollo de la carrera profesional en otros ámbitos de la Administración.
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